Ley del Procedimiento Administrativo Común y Ley de Régimen Jurídico: Ley 39/2015 y Ley 40/2015

La Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico establecen el marco legal y regulativo para la administración pública española. La Ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común aplicable a las actuaciones administrativas y establece los principios y reglas que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas en su actividad diaria. Mientras tanto, la Ley 40/2015 establece el régimen jurídico del sector público, regulando la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas, así como las relaciones entre éstas y los ciudadanos.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común establece un procedimiento único que se aplica a todas las administraciones públicas, garantizando la transparencia y la participación ciudadana. La Ley se estructura en varios capítulos, que establecen las principales normas relativas a la tramitación de los procedimientos administrativos. Entre los aspectos más destacados, se encuentra la regulación de los plazos, la documentación necesaria para la presentación de solicitudes, los recursos y la revisión de los actos administrativos.

Por otro lado, la Ley de Régimen Jurídico regula la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas. Esta ley establece las competencias y responsabilidades de los diferentes órganos administrativos y establece los procedimientos para la elaboración de normas y la adopción de decisiones. Además, la ley garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos en su relación con la administración pública, estableciendo procedimientos para la revisión y control de los actos administrativos.

En conjunto, la Ley del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico establecen el marco legal para el correcto funcionamiento de las administraciones públicas en España. Estas leyes garantizan la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos y libertades individuales. Además, las leyes aseguran la eficacia y eficiencia de la administración pública, asegurando una gestión transparente y responsable de los recursos públicos. Como tal, estas leyes son esenciales para garantizar la calidad y el bienestar de la vida en sociedad.